Pequeña guía para solicitar ayudas a las entidades públicas

El catálogo de servicios y prestaciones de las administraciones públicas es amplio y puede proceder del ámbito estatal, autonómico o, incluso, municipal. En cualquier caso, los afectados de esclerosis múltiple están amparados por la ley si pierden algunas de las funciones anatómicas y pueden proceder a la solicitud de ayudas económicas públicas. Las prestaciones son especialmente necesarias si se llega a un punto en que la enfermedad impide al afectado continuar ejerciendo su profesión.

De entrada, hay que tener en cuenta que la entidad a la que se debe recurrir cambia según la comunidad autónoma en la que se reside. Esto es debido a la ordenación jurídica vigente: algunos gobiernos autonómicos tienen transferidas las competencias sobre ayudas sociales, mientras que en otras comunidades estas dependen directamente del gobierno central. Para saber a qué organismo hay que dirigirse, se debe consultar el mapa de órganos gestores de los servicios sociales.

A continuación, es importante planificar cuál es el tipo de ayuda que se adapta mejor a las necesidades de la persona con EM. La administración ofrece un amplio abanico de posibilidades y hay que considerar tanto la gravedad de su estado como en qué medida la enfermedad le impide desarrollar su profesión.

Las ayudas más recurrentes para las personas que padecen esclerosis múltiple son las prestaciones por incapacidad. Puede ser temporal, si le impide desarrollar su trabajo durante un tiempo determinado; permanente, si le impide desarrollarlo de forma regular o, incluso, absoluta, si le impide ejercer cualquier tipo de trabajo.

En algún caso, el afectado puede acogerse a las lesiones permanentes no invalidantes, si ha sufrido algún síntoma que se las ha provocado, aunque esto no suponga el desarrollo de su actividad profesional con total normalidad: por ejemplo, un daño irreparable al nervio óptico.

También hay que mencionar las ayudas previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como la “ley de la dependencia”, aunque se trata de un texto que aún se está desplegando. En este caso, las ayudas se reservan a personas que corren el riesgo de perder la autonomía personal y se centran en que la calidad de vida se pueda mantener a pesar de todo.

Tras pedir las ayudas que correspondan, existe un proceso burocrático complicado para que el órgano competente las resuelva. Junto a la solicitud, se debe adjuntar toda la documentación disponible para la evaluación del diagnóstico. En la mayoría de casos, será necesario el examen de un médico de la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de recurrir esta decisión si, por ejemplo, la solicitud es desestimada.

Fuentes de información:

Prestaciones / Pensiones de Trabajadores. Seguridad Social. [Acceso 21 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm

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